El Ministerio Público analiza el pago de $50 millones a una presunta víctima de abusos sexuales por parte de un miembro de la Congregación Marista.

Por lo anterior, la entidad religiosa respondió que el principio de la congregación es creerles “a quienes han señalado ser víctimas antes de cualquier otra consideración. Por eso, esta denuncia realizada en 2015 por un exalumno adulto, que dio cuenta de una situación que le habría ocurrido cuando estaba en el colegio, no se puso en duda”, consigna La Tercera.

Además, agregaron que “se buscó ayudarle de inmediato en todo. También se le ofreció ayuda legal para que hiciera sus denuncias ante los tribunales, lo que él y su familia rechazaron”.

Lee también: Denunciante declaró por más de 4 horas en investigación por abusos en Hermanos Maristas

Sobre el monto señalado, la congregación explicó al medio que la decisión se argumenta en que el afectado “había incurrido en importantes gastos para tratamientos de salud que se habrían derivado de los hechos que relataba, y ante una estimación de esos montos, se le compensó sin investigar ni verificar el relato”.

Asimismo, aclararon que se actuó en base al “principio psicológico de acoger a quien manifiesta un abuso en su infancia. Esto, sin poner en duda su relato”.

Lee también: Víctimas de abuso sexual presentan querella contra Hermanos Maristas

En medio de las denuncias por presunto abuso sexual, ya se había dado a conocer un pago de $75 millones en 2017 por parte de la congregación a otra persona, lo anterior como indemnización respecto de lo habría sufrido como víctima. Dinero que la persona, quien se habría presentado como vocero de otros afectados, aseguró que era para apoyar a una ONG relacionada a la protección de los derechos de la niñez.

La congregación explicó que no se logró constatar que la persona representara a quienes decía representar ni que el dinero haya sido entregado a una ONG, lo que significó la denuncia del caso a la Fiscalía.

Los Hermanos Maristas calificaron de “error legal” no informar de manera oportuna a la autoridad con el objetivo de iniciar la investigación y “establecer la veracidad de los hechos (…) En este caso hubo una negativa expresa de la familia para hacerlo”.