Ocho años se van a cumplir desde que ocurrió un incendio en la cárcel de San Miguel en la región Metropolitana, el cual dejó a 81 de los internos fallecidos.

Tras esta situación, los familiares de las víctimas dicen que el primer gobierno de Sebastián Piñera se comprometió a hacerse cargo de los gastos de por vida que implicaban la mantención de la sepultura.

Sin embargo, esta situación no ha ocurrido. Desde 2015 que los cementerios le están pidiendo a las familias de los presos que murieron que se hagan cargo de la mantención de las sepulturas, según consignó La Tercera. Además, en caso de no cumplir con los pagos, sus cuerpos podrían terminar en una fosa común.

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“Me dijeron que si no pagaba iban a pasar a mi hermano a una fosa común. Al resto de las familias también las están amedrentando, amenazándolas. Casi todos los parientes tienen trabajos de obreros, es complicado”, señaló César Pizarro, hermano de Jorge uno de los internos fallecidos, y vocero de la ONG 81 Razones.

Pizarro, agregó que esta promesa se la realizaron las autoridades dos días después del incendio. “El gobierno en el Servicio Médico Legal se comprometió a pagar indefinidamente los gastos de los presos”, comentó.

Sin embargo, en 2015 recibió un correo de Parque del Recuero donde le indicaron que “por medio del presente queremos informar que con fecha 15/06/2015 tuvo vencimiento su cuota anual de mantención por un monto de $58.220 pesos”, según informó La Tercera.

La Funeraria Hogar de Cristo firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia de esa época, donde 78 de los fallecidos recibieron ayuda para poder pagar los servicios que involucraba la sepultura.

“La Subsecretaría acuerda con el prestador la contratación de servicios funerarios con motivo del incendio ocurrido con fecha 8 de diciembre de 2010, en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, a fin de otorgar las prestaciones necesarias para llevar a cabo las ceremonias fúnebres de 78 fallecidos en el siniestro en mención. Dicha prestación comprende los servicios de traslado de los fallecidos, suministro de urnas, sepulturas y otros complementarios, como; derechos de sepultación, mantención e inyecciones de conservación”.

Aquello fue lo que se estableció en el contrato firmado por el subsecretario (s) del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, y el gerente general de la funeraria, Jaime Maturana. Este contrato además no especificaba fecha de término.

Luego de recibir el primer correo de Parque del Recurso en 2015, Pizarro le escribió al abogado del Ministerio de Justicia, Álvaro Pérez, del segundo mandato de Michelle Bachelet, pero le respondió que “con relación a las cuotas de mantención el Ministerio de Justicia no cuenta con las atribuciones legales para pagar dichos montos. Sin embargo, podemos buscar una solución a través de municipios o similares”.

Pese a esto, la solución no llegó. “Dijeron que lo iban a ver en la municipalidad. Con eso no pasó nunca nada. Tuvimos reuniones. Con cada autoridad que hablamos, con Tulio Arce, con el Director Nacional de Gendarmería. Pero las autoridades terminaban sus periodos y las reuniones de los 81 quedaban en nada”, agregó Pizarro.