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Hacinamiento y arriendos "abusivos": la realidad habitacional de extranjeros en Santiago

CONTEXTO | Felipe Cornejo | RBB
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El miércoles pasado en la comuna de Estación Central se incendió un cité donde vivían cerca de 100 personas, entre ellas habían hombres, niños y al menos dos mujeres embarazadas, todos de origen haitiano, sin embargo, este es un caso más en la extensa lista de accidentes, siniestros y episodios de constante hacinamiento que vive la comunidad extranjera en Chile.

Lo anterior fue aclarado por Luc Lamontage, haitiano que vive en el país hace más de un año y que resultó afectado por el siniestro que consumió dicho inmueble. Además, relató las condiciones que deben asumir personas como él para arrendar en el país, según consignó el medio La Tercera.

En ese sentido, explicó que se encontrarían obligados a vivir bajo condiciones abusivas, no obstante, Estación Central no sería la única comuna que presenta altos índices de viviendas en dichas condiciones de habitabilidad, también lo serían Independencia y Santiago, sectores donde el hacinamiento se experimentaría en al menos 350 casas.

Según cifras entregadas por la Municipalidad de Santiago al medio, el número de extranjeros que alojan bajo estas condiciones en la comuna sería de 5.880, distribuidas en 84 arriendos o subarriendos de características “abusivas”. En tanto, en Estación Central se detectaron 120 inmuebles y en Independencia se han reconocido 157, de las cuales cinco han sido regularizadas y ocho desalojadas.

Respecto al edificio que fue consumido por las llamas este miércoles, Lamontage explicó que las instalaciones eléctricas y sanitarias las hacía el mismo dueño pero “todas mal hechas”, puesto que según el mismo alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, el propietario intervenía cada vez que requería aumentar la capacidad del inmueble.

Además, Lamontage describió que el recinto estaba compuesto de 27 habitaciones, espacio que compartían hasta más de tres personas. Lo anterior más la instalación de una sala y un espacio propio con dormitorios tenía un valor mensual de $200 mil.

En reacción a los hechos, los respectivos jefes comunales se refirieron a los subarriendos, donde explicaron que no habría una ley que permita fiscalizar, además de tratarse de “actividades económicas encubiertas”.

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