Este lunes el Tribunal Supremo del Partido Socialista (TS) oficializó la expulsión del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los vínculos del municipio con una red de narcotráfico.
A su expulsión se suma la de los hermanos Katherine y Pablo Jaque; y José Luis Barrera. El TS también se reafirmó la expulsión de Miguel Sánchez Yáñez, quien ya había sido expulsado el tres de octubre.
El presidente del Tribunal Supremo, Reinaldo Flores, detalló que el único que ingresó un escrito en el que solicitó aumento de plazo para contestar fue Aguilera, lo que fue rechazado por la instancia.
Asimismo, cuestionó a los demás involucrados, asegurando que renunciar a un partido por no someterse a una sanción “no es más que tratar de sustraerse”.
A esto se suman nuevas acciones desde la mesa de la colectividad en el marco de la querella que presentó contra quienes resulten responsables, solicitando al Ministerio Público que oficie a la Policía de Investigaciones a determinar la identidad de todas las personas que intervinieron en las contrataciones.
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A esto se suma que pidieron a la Contraloría General de la República hacer una auditoría interna en el municipio de San Ramón, según detalló el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, quien también salió a explicar una polémica sobre el domicilio de su licencia de conducir.
El entorno del alcalde Aguilera reclama que Elizalde sacó su licencia de conducir con un domicilio de San Ramón, que sería de una persona que fue apuntada por el reportaje de Informe Especial. Según el líder socialista, él ha realizado trámites en comunas populares para ayudar con recursos, por lo que acusó intentos de frenar las acciones del PS en este caso.
Un tema del que ha debido contestar insistentemente el candidato presidecial, Alejandro Guillier, quien de todos modos consideró que el asunto no ha afectado su campaña.
La vocera de La Moneda, Paula Narváez, dijo confiar en que los actores políticos podrán manejar estos nuevos datos de potenciales vínculos del narco con la política.
El tema del municipio de San Ramón, que está en manos del Ministerio Público, fue catalogado como “gravísimo” por el fiscal nacional Jorge Abbott, quien consideró necesario investigar todas las aristas posibles.
El alcalde Miguel Ángel Aguilera ha defendido su inocencia, asegurando que él no visó los contratos. Además, indicó que evalúa acciones legales por injurias y calumnias.
