La nueva edición del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) tuvo un negativo diagnóstico, que este 2017, incorporó por primera vez un análisis a la situación que vive la población La Legua Emergencia de San Joaquín.

A las denuncias por las constantes balaceras que se producen en el lugar entre bandas de narcotraficantes, se sumó un nuevo antecedente. Este informe reveló que la intervención policial se traduce en abusos constantes a los pobladores: ya sea mediante detenciones injustificadas, amenazas, golpes e ingresos a viviendas sin autorización judicial.

En el texto se señala que “existe derechamente un patrón de violencia policial”. El editor del informe y académico de la UDP, Tomás Vial, agregó que se hacen denuncias a Carabineros por estos hechos y que todas son rechazadas.

El trabajo consideró un análisis a los controles internos de Carabineros a partir de las denuncias realizadas por los residentes de La Legua, revelándose que no existe transparencia sobre cómo se tramitan esas denuncias, y que tampoco hay derecho a que se escuchen los testimonios a las presuntas víctimas.

Como diagnóstico se agregó en el informe, que “el desafío es para el Estado en su conjunto como garante de los derechos humanos a todas las personas”.

Entre las recomendaciones, respecto a la situación de La Legua, está promover un debate en torno a los mecanismos de control de Carabineros, que se mantenga un plan de seguridad; se deben optimizar los mecanismos de Carabineros; y que se desarrollen acciones de prevención de la ocurrencia de hechos de abuso policial.

El Informe Anual de Derechos Humanos consignó, además, un diagnóstico negativo de la aplicación de la Ley Antiterrorista. “Es ineficaz y vulnera las garantías del debido proceso de los pueblos indígenas”. Tal como lo señaló una de las autoras del texto, Antonia Rivas.

Entre las principales recomendaciones, respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, es actualizar la normativa actual a los estándares internacionales y que, mientras aquello no ocurra, no aplicarla.

Por esto, en el informe se cuestiona la decisión de la presidenta Michelle Bachelet, quien en un comienzo aseguró que no aplicaría dicha ley, pero finalmente sí ocurrió.