Personas condenadas con armas debidamente inscritas son parte de los descubrimientos en la investigación tras las balaceras que duraron tres días en la población La Legua.
Esta situación, que se replica en distintos lugares de la capital, llevó a los municipios y otras autoridades a hacer un llamado público al Gobierno para que intervenga en materia de seguridad.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, dijo que lo que hay que intervenir son las redes de narcotráfico que tienen a poblaciones enteras como rehenes. Aseguró que el Ejecutivo está trabajando en un plan para quitarles armamento.
Desde el Parlamento dijeron que no es primera vez que se hace hincapié en la seguridad en las poblaciones de la capital.
La diputada miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Marcela Sabat, enfatizó en que el Gobierno ya estaba advertido de esta situación y que se necesita mano dura.
Los municipios son los directamente afectados, pues a ellos llegan las quejas de los vecinos.
El alcalde de la Granja, Felipe Delpín, concordó con que la solución debe venir desde el Ejecutivo y que como municipio se ven con las manos atadas.
El Ministerio del Interior ya ha informado de algunas medidas para hacer frente a la delincuencia en esos sectores. Las medidas incluyen más iluminación y mejorar el acceso a los pasajes; y planes para niños con padres en situación de cárcel. Esto sumado a la revisión de la legislación sobre la posesión de armamento.
