Como medida para fortalecer la fiscalización del Transantiago, y luego de la aprobación de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, se despachó el proyecto que crea un registro de los evasores del transporte público y a la que se tendrá acceso en determinadas ocasiones.
Organismos públicos y personas naturales podrán acceder a la lista a través de Ley de Transparencia un máximo de ocho veces durante el año, situación que, junto con la medida en sí, no soluciona el problema de fondo para los expertos en el tema.
Así lo aseguró el académico y experto en transporte urbano Rodrigo Martin, quien señaló que los evasores provienen principalmente de sectores vulnerables de la capital, situación que respondería al alto costo que supone para dos personas financiar más de $51 mil mensual en pasajes.
Las consecuencia de estar en este registro, explica Martin, es que la persona no podrá acceder a licencia de conducir o la aplicación de descuentos en la devolución de impuestos, lo que a su juicio es una medida de “castigo a la pobreza”.
Agrega a lo anterior que “según la Fundación Transurbano, del Ministerio de Transportes, el 60% de la evasión se concentra en el sector sur de la ciudad y solo un 10% en el sector oriente”, lo que reafirma su tesis y propone invertir en medidas de subsidio a los sectores más necesitados.
“La responsabilidad de un sistema de transportes es movilizar a las personas, no hacer un buen negocio. Hacer un buen negocio es razonable, pero no puede estar en primer plano. Lo primero es dar un servicio de calidad a los usuarios”, criticó Martin.
