La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto del Ejecutivo que crea un registro de evasores del Transantiago, el que busca fortalecer la fiscalización del transporte.
Pese a que el Gobierno incorporó restricciones que impiden hacer pública las nómina de quienes no pagan el pasaje, desde la ONG Derechos Digitales afirman que la medida posee vicios de inconstitucionalidad y es “contradictoria”, por exponer a los usuarios.
La discusión se desarrolló en torno a las restricciones que tendrá el uso de los datos públicos. Ante la solicitud de requerir información, la comisión resolvió fijar en el proyecto la exigencia de contar con un rut que puede ser utilizado en un máximo de ocho consultas al año.
En la instancia, además, se acordaron las posibles sanciones a los evasores, que van desde la retención de impuestos, permiso de circulación, licencia de conducir y, en el caso de los jóvenes, incluso el retiro de la TNE.
La ministra de Transportes, Paola Tapia, valoró la aprobación parlamentaria y aseguró que es una necesidad establecer rigurosidad en los controles de evasión.
El analista de políticas públicos de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, cuestionó las restricciones del proyecto e indicó que se vulnera de igual forma la privacidad de los usuarios.
Día ajetreado en la Comisión de Transportes, luego que el Ejecutivo solicitará apurar el trámite legislativo de los dos proyectos que cuentan con “suma urgencia”.
Con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención los parlamentarios apoyaron la idea de legislar sobre la ley que regula las plataformas móviles, como Uber y Cabify.
El diputado, Giorgio Jackson, dijo que no entrará en el juego de rechazar o aceptar la idea de depurar la votación de un proyecto, cuando aún falta discusión.
Según lo estipulado en la comisión, los diputados tienen hasta el 8 de agosto para presentar indicaciones al proyecto que regula las aplicaciones de transporte móvil.
