Aguas Andinas no podría traspasar directamente a los usuarios el costo de parte del plan de inversiones de seguridad propuesto por la compañía. Esto, tras la defensa realizada por la empresa a raíz de la críticas suscitadas por el corte de suministro que afectó a 27 comunas de la capital.
Fue en septiembre pasado a que firma entregó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios su propuesta de proyectos para elevar su autonomía de suministro de 32 a 48 horas.
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Así, un eventual alza, al margen del proceso de tarificación base, entra en análisis en la entidad estatal, la que puede visar un incremento en las tarifas mediante resoluciones y decretos, tal como ocurrió en doce ocasiones en febrero en diversas localidades del país, según documentos de la superintendencia del ramo (ver documento al final de la nota).
El presidente de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios, Juan Carlos Latorre, señaló que los procesos de inversión son consensuados con la entidad estatal y que, en casos de fuerza mayor, las empresas deben asumir los costos.
Las tarifas base de cada empresa se fijan cada cinco años, con la formulación de las bases de estudio, las que pueden recibir observaciones por parte de interesados. Tras ello, la compañía y la superintendencia desarrollan el respectivo estudio, se pueden formular nuevas observaciones y se puede dar paso a un comité de expertos para zanjar las discrepancias.
Es en esta instancia, en que a juicio de la académica de la Universidad Católica, María Molinos, se deben discutir los planes de inversión a largo plazo.
Actualmente, Aguas Andinas tiene en proceso de evaluación ambiental la construcción en Pirque de seis estanques con una inversión de casi 100 millones de dólares, dentro de diversas iniciativas.
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