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Juzgado de Punta Arenas se declara incompetente y remite caso de Carabineros a Santiago

Contexto | Cristóbal Escobar | Agencia UNO
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La tarde de este miércoles, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se declaró incompetente y remitió la causa de fraude en Carabineros de Chile al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Decisión tomada luego de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, pidiera la declinatoria de competencia al tribunal puntarenense. Iniciativa seguida por la misma defensa de los 17 acusados en la causa por eventual fraude de 8.000 millones de pesos (y que podría llegar a los 11.000 millones).

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Eso sí, todo esta situación generará un retraso en el accionar de la Fiscalía. Lo anterior, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago recibiera en las últimas horas un requerimiento de parte de la defensa de los carabineros involucrados, en la que se pide que reconozca su competencia.

Para concretar dicha acción, el tribunal fijó recién para el 25 de abril la revisión sobre su competencia en la causa. Por lo tanto, los fiscales no podrán formalizar a los carabineros implicados hasta esa fecha.

El abogado defensor y ex fiscal Alejandro Peña, que representa los intereses del Teniente Coronel (r) Mauricio Saldaña y al Capitán (r) Sergio Collao, explicó las limitaciones que se levantaron para el Ministerio Público a raíz de este hecho: “No se puede formalizar la investigación hasta que el Séptimo Juzgado de Garantía no acepte la competencia. Salvo casos urgentes que podrá decretar Punta Arenas, que aún está como titular de la causa. Pero lo que es formalizar y la presentación de cargos, como no es algo urgente, tendrá que esperar hasta que el Séptimo acepte la competencia“, recalcó.

Lo anterior, ya que el artículo 157 de la Ley Orgánica de Tribunales como el código 62 del Código Procesal Penal son claros en explicar lo que ocurre ante un conflicto de competencias. En ellos se establece que la Fiscalía sólo podrá pedir autorizaciones ligadas a la investigación que sean consideradas urgentes, no así la detención de los futuros formalizados.

En este escenario, la situación puede ser perjudicial para la investigación del Ministerio Público, dedibo a la oportunidad que podrían tener los investigados de coordinar un relato común que dificulte aún más el trabajo de los persecutores. Incluso, podrían salir del país.

Eso si, por otra parte, la Fiscalía tiene la facultad de levantar una orden directamente a la Interpol para que no deje salir o, al menos, se levante una alerta si es que alguna de estas personas intenta abandonar el pais por los pasos habilitados.

De todas maneras, de momento, es el persecutor Eugenio Campos quien sigue al mando de la investigación.

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