El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública interpusieron un recurso de amparo en favor de 66 reos heridos en peleas tras dos allanamientos preventivos realizados por Gendarmería en el penal Colina II.
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Dentro del recurso se consigna que Gendarmería no habría cumplido con garantizar la seguridad y la integridad física de los internos y se exige que se indaguen las lesiones de los reos, cuáles son sus autores y un monitoreo periódico de cómo funcionan los órganos judiciales para velar por las garantías de los privados de libertad.
El abogado de la Defensoría Penal Pública, Rodrigo Lillo, explicó que las medidas deberían cumplirse de declararse admisible el recurso.
“Los hechos pueden ser calificados como tratos crueles, inhumanos y degradantes, o tortura incluso de acuerdo al derecho internacional (…) las personas privadas de libertad sólo ven restringidas su libertad ambulatoria pero en ningún caso el resto de sus Derechos Humanos”, consignó el jefe de la unidad jurídica del INDH, Rodrigo Bustos.
81 Razones
La ONG 81 Razones, que trabaja diariamente con los internos, explicó que los hechos de violencia que involucran a la autoridad son cada vez más comunes y les preocupa que aún no se especifique quién estaba a cargo de los allanamientos preventivos.
El presidente de la organización, César Pizarro, indicó que “los internos grabaron y se notó que está el director regional en la misma cancha cuando se cometían estos ilícitos contra los presos, ellos saben lo que pasó y están claros que se les pasó la mano”
Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, sostuvo que éste “cierto descontrol en las unidades penales” es propiciado porque los internos “abusan de estos válidos derechos para seguir ejerciendo violencia al interior de los recintos carcelarios”.
De acogerse el recurso, se pedirán informes a Gendarmería para una futura audiencia con alegatos.
