En 2013, la Contraloría aprobó la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que permitió sumar cerca de 9.444 hectáreas de suelo agrícola al radio urbano, además de otras 790 hectáreas de paños industriales para habilitarlos en zonas de desarrollo urbano e inmobiliario.

Con esta extensión, se proyectó un incremento de viviendas para 1,6 millones de personas, de aquí al 2030.

Aunque, desde su aprobación, el nuevo plan regulador encontró detractores. De acuerdo a El Mercurio, los terrenos fijaban una densidad de apenas 16 habitantes por hectárea, que hacía inviable cualquier tipo de proyecto, en términos comerciales. Esto solo cambiada a una densidad de 160 habitantes por hectárea, si los proyectos cumplían con un modelo de “crecimiento por condiciones”, entre las que que cuentan que al menos 60 hectáreas deben ser redes viales, áreas verdes, equipamientos y conjuntos habitacionales integrados socialmente con al menos un 8 por ciento de viviendas sociales.

El inicial escenario “catastrófico” que decía que las “exigencias excesivas” impactarían en el precio de las viviendas, hoy es totalmente distinto. El seremi de Vivienda, Aldo Ramaciotti, explicó al matutino que “en una mesa de trabajo recogimos parte de los aspectos que se veían dificultosos y de qué manera, sin alterar la normal, podíamos ir interpretándola, de tal manera que pudiese ser más abordable desde las dificultades que ellos planteaban, por ejemplo, que las 60 hectáreas no debían ser necesariamente juntas en un solo terreno”.

Luego de las controversias, a la Seremi de Vivienda ya han ingresado seis proyectos: uno en Quilicura, otro en Puente Alto, dos en Maipú y otros dos en San Bernardo. De ellos, ha se han aprobado dos. Se trata de los proyectos “Parcela 7”, en Quilicura; y “El Mariscal” en San Bernardo.

El primer de ellos, es un proyecto de 63,05 hectáreas que permitirá construir 300 viviendas sociales, 4,68 hectáreas de equipamientos y 6,7 de áreas verdes.

El segundo, en tanto, en 99,03 hectáreas se pretende edificar 396 casas sociales, además de 26,9 hectáreas de áreas verdes, 6,99 de equipamientos, misma cantidad de hectáreas en equipamientos 6,39 en vialidad.

Según afirmó Ramaciotti en El Mercurio, con el trámite de permisos en las correspondientes direcciones de obras, los trabajos podría comenzar el próximo año, por lo que los proyectos se proyectan que sean entregados en cinco años más.

“Lo que estamos propiciando intencionadamente en esta planificación es que los equipamientos y las zonas se distribuyan lo más homogéneamente posible. Esto está avanzando al ritmo al que estos temas avanzan (…) Seis proyectos en tres años (desde la aprobación de Contraloría), es un resultado bastante positivo”, enfatizó.