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Corte Suprema confirma condenas a 6 funcionarios de la PDI por corrupción en Santiago

Pablo Vera Lisperguer | Agencia Uno
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La Corte Suprema rechazó los recursos de casación y ratificó la sentencia que condenó a seis funcionarios de la PDI por su responsabilidad en una serie actos de corrupción cometidos entre 2000 y 2005.

En fallo unánime, la Segunda Sala confirmó la sentencia que condena a Ricardo Antonio Cari Orellana a 61 días de presidio, accesoria de suspensión del cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y al pago de las costas del juicio, en calidad de autor de delitos informáticos, perpetrados en Santiago, en 2004.

A ello se suma 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de cohecho, perpetrado en Santiago en 2005.

Asimismo, el exfuncionario Hermes Gustavo García Arquero fue condenado a 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, así como también la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de cohecho, perpetrado en Santiago durante 2005.

Mientras que Jorge Enrique Cari Gacitúa y Rómulo Alejandro Aitken Hellec fueron condenados a las penas de 61 días de reclusión, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía. igualmente, fueron suspendidos de un cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, así como también el pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de soborno perpetrado en Santiago en 2005.

Patricia Yolanda Castro Arce fue condenada a 41 días de presidio, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena,y el pago de las costas de la causa, en calidad de autora del delito de soborno, perpetrado en Santiago en 2005.

También, Alonso Benjamín Latorre Zúñiga fue condenado a la pena de 61 días de reclusión, accesoria de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en la misma cuantía, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de soborno, perpetrado en Santiago en 2005.

En la etapa de investigación, el ministro de la causa acreditó que en diversas fechas de 2004, los funcionarios de la PDI ingresaron a la base de datos del sistema computacional de esa institución a fin de obtener antecedentes e información respecto a personas que tenían resoluciones judiciales y que ordenaban sus aprehensiones, información entregada a estos sujetos, favoreciéndolos.

Asimismo, terceros -entre los que se encontraban funcionarios de la PDI a esa fecha- se coludieron para sustraer desde la Fuerza de Tareas Sur documentos relacionados con los detenidos en investigación efectuada en causa Rol Nº 98.473, seguida por delito de tráfico de estupefacientes en el Segundo Juzgado del Crimen de San Miguel.

También, se estableció que una mujer accedió a información reservada de esta institución, lo que facilitó la comisión de delitos de tráfico de estupefacientes.

Finalmente, entre los años 2000 hasta abril del año 2005 aproximadamente, un sujeto con antecedentes delictuales quien conocía a un funcionario público de una entidad policial nacional, ofreció dar un beneficio económico a cambio de servicios a favor propio y de terceros, consistentes en facilitar información reservada que permitió el libre desplazamiento del sujeto y de familiares, facilitándole la comisión de ilícitos.

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