Este jueves se dio a conocer un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación a la muerte de Lissette al interior de un hogar dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En su informe, la policía indica que “es posible afirmar que existe responsabilidad de las cuidadoras del Cread Galvarino en el deceso de la menor”.

El informe, publicado por la Revista Qué Pasa, señala que la niña falleció por una concatenación de elementos donde los factores de riesgo de la menor, neurológicos, siquiátricos, sociales e incluso cardíacos, fueron potenciados por el actuar imprudente de las cuidadoras, quienes no supieron contener la crisis nerviosa por la que esa noche atravesó la menor y lejos de eso, la maniataron de pies y manos y una de las funcionarias se sentó sobre su espalda para inmovilizarla, mientras estaba tendida en el piso boca abajo.

La policía concluye que “se genera un proceso asfíctico por sofocación el cual en sinergia con la asfixia posicional provocada por tener un adulto sentado encima de la espalda de una menor que está boca abajo, mientras se le restringe el movimiento de su cabeza y extremidades, conducen en su conjunto al deceso de la menor” quien se habría ahogado con su propio vómito.

El abogado de la familia de Lissette, Sebastián Lafaurie, valoró el informe, porque dijo que permite dilucidar las verdaderas causas de la muerte de la menor. Agregó que las responsabilidades son compartidas entre distintas instituciones del Estado.

Para el presidente de los funcionarios de la Institución, Bernardo Neira, aseguró que hay responsabilidad política en la muerte de la menor y reveló que no hay protocolos de acción que guíen el actuar de los trabajadores frente a una crisis como la que presentó Lissette esa noche.

Desde el Sename informaron, a través de un comunicado, que están a la espera de los resultados que arroje la investigación judicial, con el fin de acatar lo que la justicia determine.

Agrega que en cuanto a los sumarios que se realizaban en la Dirección Nacional del Sename y en Dirección Regional Metropolitana, con fecha 9 de mayo de 2016 la Contraloría General de la República ordenó hacerle entrega de los expedientes sumariales, lo que se materializó el 10 de mayo. Por lo tanto, ese organimso es el que determinará las responsabilidades administrativas que existiesen.