El Juzgado de Garantía de Talca dará a conocer este lunes si 26 de los 35 narcotraficantes detenidos en un extenso operativo, quedarán en prisión preventiva.
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En una audiencia programada para las 11:30 horas, el juez Víctor Rojas dará a conocer si acoge o rechaza la solicitud para los 26 imputados. Del total de detenidos, nueve quedaron bajo medidas cautelares alternativas, debido a que enfrentan delitos de menor peligrosidad.
14 días de formalización
Las audiencias de formalización de la investigación y solicitud de medidas cautelares -por parte de los fiscales Francisco Soto y Ángel Ávila-, se prolongaron por 14 días, concluyendo el viernes de la semana pasada con los alegatos de ocho defensores. De ellos, tres son abogados particulares.
Entre estos últimos destacó Iván Gómez, que representa a la imputada Pamela Loyola, sus hijas y otros coimputados de su agrupación.
En declaraciones al medio El Centro, señaló que “No tan solo no se dan los requisitos específicos de la asociación ilícita, sino que, además, requisitos conceptuales respecto de los bienes jurídicos protegidos”.
También agregó que realizaban tráfico a menor escala, proveyéndose de drogas para vender en sus barrios. Además, señaló que son personas con muy pocos recursos, por lo que no exísten jerarquías.
Opiniones similares
Una opinión similar manifestó el abogado Mauricio González, defensor de Gabriel Gutiérrez alias “El Morocho”, quien puso en duda los delitos utilizando las mismas escuchas telefónicas realizadas por la PDI, destacando que el único delito posible sería el microtráfico de drogas.
Silvia Carreño, de la Defensoría Penal Pública, se sumó a los cuestionamientos a la asociación ilícita. “Los fiscales interpretan acciones propias de personas que está privadas de libertad. Ellos siempre recurren a la familia o amigos, que no por ello son “brazos operativos”. Y eso no significa una organización”, afirmó Carreño.
Entre los detenidos se cuentan dos menores de edad, sindicados por la fiscalía como responsables del grave delito de homicidio frustrado de dos carabineros pertenecientes a la SIP de la Cuarta Comisaría de Talca.
En caso de que el juez se niegue a aplicar una medida cautelar de prisión preventiva, los fiscales pueden acudir a una apelación verbal, herramienta que obligaría al tribunal a mantener detenidos a los imputados, hasta que la Corte de Talca emita un pronunciamiento de segunda instancia.
