Con un escrito de cinco páginas que solicita la inadmisibilidad respondió la Empresa Nacional del Petróleo (Enap Refinerías S.A.) al recurso de protección entablado por la sociedad Ingeniería y Construcción Santa Fe, luego de la crisis generada por la rotura de un oleoducto en la comuna de Río Claro.
Fue justamente personal de la empresa Santa Fe que realizaba faenas en un camino público quienes pasaron a llevar la tubería, lo cual causó un derrame del combustible y contaminación de los canales de riego. Luego que fuera superada la emergencia ambiental, la propia Enap presentó una denuncia en la fiscalía de Talca.
La constructora replicó con un recurso de protección, cuyo objetivo apunta a que la Corte de Apelaciones de Talca exija a Enap que justifique la existencia de servidumbres de paso para instalar el oleoducto, así como también que revele si cumplió con la obligación de informar a los vecinos sobre la ubicación de la tubería.
Al respecto, el escrito de Enap expone dos antecedentes que la Corte de Talca tenga a la vista para resolver la admisibilidad del recurso de protección. En el primero cuestiona que dicha empresa tenga legitimación activa para representar a quienes dice defender en la acción legal.
Y el segundo se refiere a que el recurso de protección no es la vía jurídica apropiada para discutir legalmente el caso, agregando que para definir la responsabilidad extracontractual se debe realizar un juicio que incluya presentar antecedentes probatorios, así como ejercer también la debida defensa de la parte demandada.
“Ciertamente las pretensiones de la recurrente superan la naturaleza de la acción de protección y deberán ser objeto de las acciones civiles, administrativas y penales que correspondan”, agrega. A la fecha, se encuentra pendiente el sorteo de la sala de la Corte de Talca que resolverá la admisibilidad del recurso.
Un aspecto sustantivo del documento presentado por Enap explica que los hechos están siendo investigados por la fiscalía de Talca, luego que la empresa estatal presentara una denuncia. En todo caso, incluso de oficio la propia fiscalía había ordenado diligencias a peritos en medio ambiente de la PDI de Santiago y Talca.
“Dicho proceso penal reafirma y refuerza el hecho que la acción de protección interpuesta por los recurrentes no es la vía idónea para el conocimiento de los hechos”, señala el escrito de la defensa de la empresa estatal. Añade que los hechos en cuestión se “ventilarán ante las sedes que legalmente correspondan”.
