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Dan de baja a carabinero que habría sido sobornado para colaborar en red de narcotráfico

Diario El Centro
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Carabineros de Talca decidió desvincular de sus filas a un sargento primero, acusado de recibir materiales de construcción municipales a cambio de no fiscalizar medidas cautelares de un funcionario municipal que, de acuerdo a la Fiscalía, lidera una red de narcotráfico. El uniformado fue formalizado por cohecho.

“Producto de la investigación que lleva a cabo la fiscalía y el OS-7, Carabineros ha adoptado licenciar de las filas institucionales a este funcionario, a la espera de la resolución final del sumario administrativo que sigue en curso y lo que digan los tribunales”.Con estas palabras, el teniente coronel Álvaro Illanes, subprefecto de Talca, anunció la baja del sargento primero Miguel Ángel Mardones Caamaño, quien registra domicilio en San Javier y que por largo tiempo se desempeñó en la Tenencia Carlos Trupp de Talca, pero hace dos meses había sido trasladado a Santiago.

Todo ello como consecuencia de una investigación por tráfico de drogas y cohecho de la fiscalía de Talca y el OS-7 de Carabineros. En la tarde del miércoles, los policías antidrogas y el fiscal Francisco Soto, llevaron a cabo la detención de seis imputados -entre ellos el ahora exsargento primero- y numerosos allanamientos.

Todo el grupo fue llevado ayer jueves a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Talca. Allí el fiscal Soto sostuvo que la investigación comenzó en mayo del presente año, a través de interceptaciones telefónicas y seguimientos, en razón de antecedentes que manejaba el OS-7 de Carabineros.

Víctor Ricardo Díaz Aguilera, que mantiene causas pendientes por tráfico de drogas y trabaja como funcionario en la municipalidad de Talca, además sujeto a medidas cautelares, estaba realizando ventas de drogas en dependencias de dicha institución, tanto a adictos que acudían a comprar como al interior de los recintos”, dijo.

El fiscal destacó que, para estos efectos, Díaz Aguilera “contaba con el conocimiento y ayuda de su jefe, Miguel Ángel Pincheira Ortega, quien es el encargado de Obras de la Municipalidad de Talca, específicamente, respecto a la construcción de viviendas sociales y reparaciones de centros comunitarios de esta ciudad”.

El fiscal sostuvo que Díaz Aguilera utilizaba “soldados” que enviaba cada semana a Santiago para comprar cargamentos de drogas que luego vendían en los recintos municipales.

“También se tomó conocimiento, con las interceptaciones telefónicas, que el funcionario de la Tenencia Carlos Trupp de Carabineros de Talca, Miguel Mardones Caamaño, habría tenido un contacto y relación de amistad con Díaz Aguilera, por lo cual, informaba falsamente el cumplimiento de arrestos domiciliarios”, dijo.

El persecutor destacó que no se trataba sólo de favores, sino que Díaz Aguilera pagaba sobornos a Mardones Caamaño, consistentes en “materiales de construcción que eran sustraídos desde las bodegas municipales y que el carabinero destinaba a sus fines personales, con el conocimiento de Pincheira Ortega”.

Junto con las detenciones, se incautaron materiales de construcción de propiedad de la municipalidad de Talca que estaban en manos del carabinero. Además, se allanaron seis inmuebles, incluyendo dos bodegas municipales y la Tenencia Carlos Trupp de Carabineros, donde se retiraron los libros de registros de medidas cautelares.

Todo el grupo fue formalizado este viernes quedando en prisión preventiva, a excepto del desvinculado funcionario de Carabineros, que fue formalizado por cohecho y deberá cumplir las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Respecto a los funcionarios municipales involucrados, el alcalde de Talca, Juan Castro, sostuvo que “hemos sido categóricos que cada persona que trabaja en la municipalidad y comete una falta debe responder ante la justicia. Obviamente que se generó una investigación sumaria. No teníamos conocimiento que personas que trabajan en la municipalidad estaban traficando drogas”.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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