Funcionarios del Serviu a cargo del terreno traspasado irregularmente por el organismo y que era utilizado como estacionamiento se defendieron, al denunciar que ante la inexistencia de vehículos para desarrollar su trabajo debían usar sus propios automóviles.
Una investigación de Contraloría calificó como ilegal la entrega del sitio eriazo en la esquina de San Martín con avenida Padre Hurtado, en el Barrio Cívico de Concepción, cuestionando además el pago que casi 200 funcionarios del Serviu y otras oficinas públicas hacían.
Junto con aclarar que el dinero era para cancelar un guardia y mantener el paño fiscal, descartando un fin de lucro con lo recolectado mensualmente, el personal deslizó una crítica hacia al organismo como detonante de la solicitud para el uso del terreno hace casi dos años.
Paula Quilodrán, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Bío Bío, aseguró que la necesidad del estacionamiento era consecuencia de la obligación de tener que trasladarse al trabajo en sus propios automóviles, al no disponer el Serviu de vehículos para realizar su trabajo.
Consultado el diputado Iván Norambuena sobre la denuncia del personal, expresó que si se constataba la situación, las autoridades que habían permitido a los funcionarios salir a fiscalizar obras en vehículos particulares tendrían que dar explicaciones.
Admitieron los funcionarios, no obstante, la informalidad en el traspaso del terreno, situación que se encuentra actualmente en análisis por las actuales autoridades del Serviu, en paralelo al sumario ordenado por la Contraloría para determinar responsabilidad administrativas.
