La Corte Suprema declaró ilegal un procedimiento de Carabineros en Tirúa, donde uniformados -por orden del Ministerio Público- debían proceder al empadronamiento de testigos en una investigación. Los uniformados agredieron a una familia y menores de edad, lo que llevó a que la justicia ordenara un sumario administrativo y enviara los antecedentes al Ministerio Público.

Fue a principios de marzo que personal de Carabineros llegó al sector rural Cerro Negro de la comuna de Tirúa, en cumplimiento de una orden de investigar.

Fue en ese contexto, con el objetivo de empadronar testigos y revisar el área donde se habría producido un robo de madera, que 12 uniformados en cuatro tanquetas y premunidos de armamento de alto calibre agredieron a miembros de una familia mapuche, como se aprecia en un video que circula en las redes sociales.

Con ese antecedente y otros recopilados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su directora regional en el Bío Bío, Carolina Chang, presentó un amparo acogido por la Corte Suprema, declarando ilegal el procedimiento.

Desde las comunidades mapuche, que denunciaron el caso de la familia Rodríguez Quintrileo, junto con pedir medidas drásticas respecto de los responsables de lo ocurrido en la provincia de Arauco, se llamó al Gobierno a tomar las medidas para que Carabineros termine con la violación de los derechos indígenas.

El vocero de la Comunidad Antonio Paillao, Pedro Marileo, sugirió que los funcionarios en cuestión sean separados de sus funciones.

Al acoger el amparo, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones penquista ordena a Carabineros abstenerse de repetir las conductas cuestionadas, para lo cual pide a la institución instruir un sumario administrativo y remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos en el procedimiento policial.