Una millonaria indemnización deberá recibir el hijo de un hombre cuyo ataúd no logró entrar en la fosa correspondiente en pleno funeral, a vista de los asistentes.

El hecho se remonta a fines de 2015, cuando fueron a enterrar a Enrique Castillo en el Cementerio General de Concepción, después de una emotiva despedida con las lágrimas de la viuda, familiares y amigos. Sólo quedaba esperar el momento final, cuando el ataúd quedara cubierto en el mausoleo en el que también estaban sus padres y hermanos. No obstante, cuando bajaron el féretro de inmediato ocurrió el gran problema: la urna no cabía.

Ante la sorpresa de unas 80 personas presentes, los trabajadores del cementerio empezaron a intentar encajar la caja de madera, golpeándola con las paredes de cemento.

“El ruido era muy fuerte al intentar que cupiera esto dentro de una estructura de concreto. Todo era muy siniestro“, recuerda Ronald Castillo, hijo del difunto. “Los niños se estaban asustando, la gente estaba malamente sorprendida. Se intentó como tres veces, pero ya el capataz dijo que no daba para más, que la urna era más larga de lo normal. Quedamos nosotros con la sorpresa reflejada en la cara”.

A la pena que ya sentía la familia por la muerte de su padre a los 82 años por un cáncer gástrico, se sumó esta particular situación. Despidieron a los conocidos que les dieron su sentido pésame, con el féretro todavía al aire, y arrendaron después un nicho en el que cupo justo el ataúd.

Ronald Castillo había contratado antes del fallecimiento de su padre los servicios de la funeraria del Hogar de Cristo. La ejecutiva les ofreció una urna de un metro noventa centímetros, acorde a la estatura del padre.

Se aseguraron en la oportunidad de que el ataúd efectivamente existiera para no pasar sorpresas, sin embargo la caja que les entregaron medía dos metros y 10 centímetros siendo que el espacio daba para un máximo de dos metros.

Por ello Ronald Castillo llegó hasta la funeraria para hablar con el gerente y la misma trabajadora días después del incidente.

“La vendedora lo negó, seguía hablando de dinero, que nuestro interés era el dinero y la traté directamente a la cara de que era una mentirosa. Y el gerente sí estaba un poco apesadumbrado, pidió las disculpas correspondientes, aunque debía consultar con la sede en Santiago sobre una indemnización”, relata Castillo.

Indemnización

Finalmente el pago nunca llegó e interpusieron una demanda ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Concepción.

En la deliberación del juez se narran los suceso del día del entierro: “El 22 de diciembre de 2015, una vez en el Cementerio General, personal del cementerio procedió a tomar el féretro para ingresarlo a la bóveda, el cual luego de varios intentos no cabía en ella. El mismo personal procedió a tomar medidas de la urna, la que arrojó dimensiones distintas a las estipulas en el contrato, esto es, en vez de 1,90 metros tenía un largo de 2,10 metros”, relata el escrito.

La familia pedía 10 millones de pesos por el daño moral y 120 mil por el costo que significó el arriendo del nicho más el pago de los derechos municipales para realizar el entierro. Lo primero se concedió, aunque en una cifra menor, y lo segundo completamente.

“La funeraria fue condenada por infracción a la Ley del Consumidor con una multa de 10 UTM (cerca de 460 mil pesos) y con el pago al demandante, en este caso don Ronald Castillo, de una indemnización de 2 millones de pesos por daño moral”, detalla el abogado Nicolás Hauri, representante de la familia.

Enrique Castillo, en tanto, sigue en el nicho, que se arrendó en forma temporal por un año y que, mientras el juicio seguía, se renovó por cinco años más, de acuerdo a lo que cuenta Ronald Castillo: “La idea nuestra es usar la mesa familiar, pero no todavía, lo vamos a dejar que descanse ahí donde está”.

Lee la sentencia del Juzgado de Policía Local a continuación: