Atascados en procedimientos administrativos se encuentran los dos proyectos de gas natural que fueron aprobados en la región del Bío Bío, pero que han debido sortear recursos posteriores de grupos opositores. Ambos terminales marítimos proyectan instalarse en la bahía de Concepción.

Ha pasado un año desde que se reactivó la consulta indígena en el proyecto GNL Penco y no es posible conocer detalles del presunto avance que debería tener, pues existe reserva en el proceso.

La Corte Suprema, en enero del 2017, revocó la resolución de Calificación Ambiental que había obtenido este terminal regasificador de BiobioGenera, al acoger el argumento de que la consulta indígena no se llevó en buenos términos y que debía repetirse.

En abril del año pasado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio curso al proceso, sin embargo violentos episodios marcaron algunos encuentros destinados a avanzar en acuerdos.

Desde que funcionarios del servicio fueran agredidos en Lirquén, así como vehiculos de la entidad pública, el procedimiento se silenció. Christian Cifuentes, director regional del SEA, confirmó que el proceso está con reserva.

Explicó que es un derecho que tienen los pueblos indígenas. También la presidenta de la Asociación Indígena Koñintu Laken Mapu, María Flores Quilapán, así lo ratificó.

Esto significa que a un año y tres meses del dictamen del máximo tribunal del país, no es posible saber cuánto ha avanzado la consulta indígena o si, por el contrario, está fracasando nuevamente.

Mientras tanto, la empresa sigue esperando para poner en marcha su cronograma de actividades para materializar este terminal, que considera una inversión de 165 millones de dólares.

El otro proyecto de regasificación para la zona, GNL Talcahuano, también fue aprobado ambientalmente, en este caso el 24 de julio del año pasado.

Aunque en lo judicial fueron rechazados todos los recursos en la Suprema, en lo administrativo también fue recurrido, y es esto lo que está pendiente, pues debe pronunciarse todavía el Consejo de Ministros.

Las personas y agrupaciones que interpusieron recursos de reclamación y de nulidad apuntan también a una posible consulta indígena que en este caso no se realizó, la afectación a pescadores y observaciones desechadas durante la evaluación.

La dirección ejecutiva del SEA ha estado oficiando a diferentes organismos como el Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), el Servicio Agrónomo Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para que entreguen información sobre el impacto del proyecto desde sus respectivas áreas.

Mientras esto ocurre, Inversiones GNL Talcahuano también mantiene en el congelador los posibles contratos para la construcción de esta plataforma de regasificación para proveer de este combustible al sector industrial y también a clientes residenciales.