La Corte Suprema confirmó el despido político del que fue víctima el director de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Bío Bío, Pablo Millán, destitución impulsada por el ahora exseremi de Justicia, Jorge Cáceres.
El máximo tribunal, al declarar inadmisible el recurso de unificación, dejó a firme la sentencia que ordena pagar más de 40 millones de pesos al exfuncionario público, estimando que Millán fue discriminado por motivos de su supuesta inclinación política.
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Pablo Millán demandó por vulneración de sus derechos al Ministerio de Justicia, acción legal acogida en primera instancia por el Juzgado del Trabajo de Concepción y luego por la Corte de Apelaciones, fallos confirmados ahora por la Suprema.
Si bien eran casi 100 millones de pesos los demandados, la justicia rebajó a 40 millones de pesos el daño causado por despido, que el entonces seremi de Justicia sometió a votación del Consejo de la Corporación de Asistencia Judicial, argumentando la pérdida de confianza para impulsar la destitución.
