Al acoger el recurso de los querellantes en la emblemática causa por violación de derechos humanos, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó el procesamiento de exejecutivos y funcionarios de la CMPC como cómplices en los crímenes del llamado caso Laja-San Rosendo.

Se trata de los primeros encausamientos de civiles por la ejecución de 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles, hecho ocurrido en 1973, cuando según los antecedentes allegados al sumario los entonces responsables de la CMPC dieron a Carabineros el nombre de los dirigentes opositores a la dictadura y entregaron los elementos para su ejecución.

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En primera instancia el ministro Carlos Aldana había rechazado los procesamientos, y de allí que los querellantes, incluido el Programa de Derechos Humanos -además de los representantes de las familias de las víctimas- recurrieron a la Corte, que acogió los antecedentes y ordenó inculpar a Carlos Ferrer, Pedro Jarpa, Lionel Aguilera y Rodolfo Román.

Hasta ahora, por la llamada Masacre de Laja-San Rosendo, aparecían como responsables exmiembros de Carabineros, una docena de exuniformados a los que el ministro Aldana había procesado por homicidio calificado, e inhumación y exhumación ilegal de los restos.