Casi $60 millones tendrá que pagar la Municipalidad de Hualpén a un grupo de 11 trabajadores despedidos a fines del 2016, los que se desempeñaban hasta entonces bajo contrato.

Un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la ilegalidad de la desvinculación, la que el Juzgado del Trabajo había atribuido a motivaciones políticas, calificándola por tanto discriminatoria.

Se trata de una nueva sentencia en contra de la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, cuestionando las medidas adoptadas por ésta tras asumir frente al municipio, al cual llegó advirtiendo que se desharía de todos los trabajadores que hubiesen llegado a la corporación edilicia de la mano del llamado riverismo.

El juez Eliecer Cayul, quien dirigió el juicio entablado por los 11 funcionarios, ordenó en primera instancia la reintegración de los funcionarios y además el pago de ocho sueldos como indemnización para cada demandante, pronunciamiento ahora confirmado al rechazar la Corte penquista un recurso de la municipalidad.