Casi dos semanas demoró el ingreso de la querella por los daños y desórdenes que dejaron las manifestaciones del 11 de septiembre pasado en Concepción, acción legal anunciada entonces por la Gobernación penquista.
La presentación se hizo recién el viernes pasado, siendo acogida a trámite el sábado, cuando el Juzgado de Garantía envió el escrito al Ministerio Público para el inicio de la investigación.
Respecto de la lentitud con que se ejerció la acción penal, la gobernadora Andrea Muñoz indicó que la orden a los abogados fue la presentación de la querella al más breve plazo.
La querella de la abogada Pamela Quijada apunta a quienes resulten responsables, sin identificar a los detenidos que hubo, pidiendo investigar sólo los desórdenes, sin precisarse los daños a las oficinas de Dipreca y de una empresa privada en las inmediaciones de la Universidad de Concepción.
Por eso es que la gobernadora adelantó que pedirá una explicación para saber qué pasó, porque efectivamente admitió, además de desórdenes públicos hubo daños graves a la propiedad pública y privada.
La acción legal de la Gobernación da cuenta de los antecedentes conocidos públicamente la jornada del 11 de septiembre, respecto a los 38 detenidos que registró Carabineros la noche de la protesta, pero sin los nombres de quienes según la policía estuvieron detrás de los desórdenes y daños causados durante la manifestación.
