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Coronel: En libertad quedó concejal tras ser formalizado por supuesta agresión a su esposa

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Con la orden de abandonar el domicilio y no acercarse a su esposa quedó el concejal de Coronel, Ariel Durán, luego de que la Fiscalía lo formalizara en una causa por violencia intrafamiliar. A raíz de la investigación, además, el edil presentó su renuncia a un cargo que ejercía en el Gobierno Regional.

Tras llegar en calidad de detenido al Juzgado de Garantía de Coronel y luego de ser formalizado por lesiones menos graves, en libertad quedó el concejal socialista, aunque decretando el tribunal las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y el abogado de su esposa.

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Se trata de la orden de dejar el hogar matrimonial que pidió el fiscal Cristian Vega y la prohibición de acercarse a su mujer, solicitud del abogado Maximiliano González, quien representa a la victima, Elena Sáez.

La mujer denunció a Durán el martes por un episodio de violencia intrafamiliar, aunque según la defensa del edil, a cargo del abogado Gastón Caamaño, fueron ambos los que resultaron con lesiones, aunque de parte de su cliente fue causada por accidente.

Lo anterior, sin embargo, fue rebatido categóricamente por la defensa de la mujer, también funcionaria pública en el Serviu, subrayando González que el Ministerio Público formuló cargos sólo contra el esposo.

Fuera de micrófono el concejal, quien se desempeña en el Gobierno Regional del Bío Bío como Coordinador Presidencial de Recursos Hídricos, indicó que a raíz de la investigación abierta en su contra había presentado su renuncia al intendente Rodrigo Díaz, quien puntualizó en el rechazo del gobierno a la violencia intrafamiliar.

Tras escuchar los antecedentes, el juez Jorge Henríquez otorgó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público termine la investigación contra el edil.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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