Los querellantes en la investigación contra ejecutivos de Enel por su posible responsabilidad de la contaminación generada por la termoeléctrica Bocamina en Coronel, intentarán que la Corte de Apelaciones de Concepción amplíe las medidas cautelares decretadas.
Fue a través de un recurso -interpuesto al cumplirse una semana desde que fueran formalizados los ingenieros de la generadora- que el abogado Felipe Urbina, representante de 17 vecinos de Coronel, pidió sumar el arraigo nacional a la firma quincenal decretada por el Juzgado de Garantía.
El abogado explicó que “los imputados reconocieron a través de sus abogados que constantemente salen del país, que tienen familiares afuera”.
“Si cambia el escenario, se imputan nuevos delitos y se van a formalizar, fácilmente ellos pueden salir del país y no vuelven más”, aseguró Urbina.
Lo mencionado por el representante sirvió como argumento para invocar la medida cautelar, a la cual se negó el tribunal el pasado martes, cuando Mario Enero, David Poblete y Pablo Arnés fueron imputados por propagar metales pesados al suelo, el aire y el mar de Coronel, como responsables de Bocamina.
Durante la audiencia de formalización, el argumento entregado por la defensa de los empleados de la ex Endesa para rechazar la prohibición de salir del país es que ellos han comparecido en el caso cuando la Fiscalía lo ha requerido, pero el abogado Urbina recordó que la colaboración sólo se dio después que la fiscal Ana María Aldana incautó documentación desde las oficinas de la empresa en Coronel y Santiago, en abril de 2015.
Corresponderá entonces a la Corte de Apelaciones penquista revisar esta solicitud, a la que se podrían sumar otros querellantes, pues el abogado de pescadores y algueras, Sebastián Inostroza pidió el día de la formalización la prisión preventiva para los tres ejecutivos de Enel.
