A eso de las 09:00 horas de este martes comenzó la formalización de tres funcionarios y ejecutivos de la entonces Endesa, hoy Enel Chile, por la contaminación que en 2012 causó la termoeléctrica Bocamina en las costas de la comuna de Coronel.
Finalmente, se decretó la firma quincenal como medida cautelar contra los ejecutivos Mario Enero y Pablo Arnés, sumado al funcionario David Poblete, para así asegurar su comparecencia en esta investigación.
Esta última quedó con un plazo de 8 meses para ser terminada por la Fiscalía, cuyas diligencias se han extendido por 5 años tras la varazón masiva de langostino en las costas de la comuna.
La fiscal investigadora, Ana María Aldana, explicó que fue con peritajes científicos a cargo de la PDI, y que se han realizado desde abierta la causa el año 2012, se logró determinar el origen de las cenizas contaminantes y que contienen en altas concentraciones metales como Mercurio, Zinc o Vanadio.
Se descartó la responsabilidad, por ejemplo de la otra termoeléctrica en Coronel, propiedad de Colbún, la que -según dijo la fiscal- no funcionaba al momento de partir de la investigación.
De este modo, los funcionarios de Enel fueron imputados por propagar o introducir agentes contaminantes en el mar.
Pese a ello, la defensa de los ejecutivos de Enel, que lidera el abogado Daniel Praetorius, aseguró que probarán durante los próximos meses que la contaminación en la comuna coronelina sí puede atribuirse a esas fuentes, adelantando parte de los argumentos para descartar la responsabilidad de los imputados.
Aunque no ingresaron al tribunal, habitantes de Coronel llegaron a las inmediaciones del Juzgado de Garantía para expresarse contra la empresa Enel, a la que acusaron de afectar el medioambiente de la comuna y la salud de las personas.
En este sentido, el senador Alejandro Navarro, querellante en el caso contra la exEndesa, aseguró que los antecedentes recopilados en la investigación permitirán perseguir reparaciones para los habitantes de Coronel por el daño ocasionado a su salud.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía local coronelino y los delitos acreditados por el Ministerio Público conllevan penas bajas, no superiores a los 541 días de cárcel y multas por un máximo de 140 millones de pesos en beneficio fiscal.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
