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CDE se querella por fraude al Fisco en contra de exfuncionaria del municipio de Concepción

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Una querella por fraude al Fisco presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de la hoy exjefa de prevención de riesgos de la DAEM de Concepción, quien habría adjudicado a su esposo cursos de capacitación que no se realizaron, por los que se cancelaron casi 7 millones de pesos.

La acción legal acusa a Caroline Quevedo, por haber entregado en forma directa a su esposo Alejandro Bianchi el contrato para una serie de cursos en seguridad en distintos colegios de la Municipalidad de Concepción, los que nunca se realizaron.

El caso fue denunciado hace más de un año por el entonces concejal Patricio Kuhn, representado por el abogado Alejandro Reyes, pidiendo a la Contraloría investigar lo que en su momento se calificó como un desfalco al municipio.

Reyes destacó la presentación de la querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al Fisco y aseguró que viene a confirmar el peso de los antecedentes entregados oportunamente.

Por las capacitaciones, que no se llevaron a cabo, Bianchi habría percibido casi 7 millones de pesos, situación que la exedil Alejandra Smith atribuyó también al entonces jefe de Finanzas de la Dirección de Educación Municipal, Henry Tapia.

Al respecto, el administrador municipal, Aldo Mardones, recordó que la misma municipalidad pidió la investigación a la Fiscalía, y en la cual hoy el Consejo de Defensa es parte a través de la querella, informando además que como resultado de un sumario administrativo se destituyó a Caroline Quevedo y al jefe de Finanzas.

La Contraloría actualmente lleva adelante un juicio de cuentas de manera que los responsables de apropiarse indebidamente de los dineros los restituyan, causa paralela a la investigación donde el Ministerio Público afinaría una solicitud de formalización.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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