El Gobierno descartó la existencia de una red de protección de la Democracia Cristiana por el caso de la exfuncionaria del Hogar Arrullo del Sename, acusada de apropiarse de millonarios recursos del organismo a causa de una ludopatía severa, pudiendo incluso servir esa enfermedad para sobreseerla en la investigación penal.
En ese contexto, el seremi de Justicia del Bío Bío, Jorge Cáceres, enfrentó esta polémica a nombre del Ejecutivo, expresando que las sospechas sobre un entramado para proteger a la acusada es una “posverdad”, aún cuando quienes están involucrados corresponden principalmente a militantes de la DC, como el titular de Salud en la zona, Mauricio Careaga, y la propia directora regional del Sename, Rina Oñate.
Asimismo, Cáceres sostuvo que un defensor puede utilizar cualquier antecedente para probar la inocencia de su cliente, por lo que no le sorprende que el abogado de la contadora haya presentado el argumento de la ludopatía.
Informe médico
En tanto, desde la Defensoría Penal Pública -entidad que representa a Noemí Betanzo en la investigación- validaron el informe médico de la Seremi de Salud y la Compin que acreditaba una “ludopatía severa” para proponer la inimputabilidad de la exjefa de finanzas del Sename.
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Precisamente sobre este tema se refirió el defensor regional, Osvaldo Pizarro, quien no descartó que el antecedente sirva para pedir a los tribunales poner fin a la investigación criminal, incluso sin un peritaje del Servicio Médico Legal, si se acredita el peso suficiente de lo señalado por los médicos en el sumario administrativo.
Por su parte, desde el gremio de los funcionarios del Sename y la exdirectora de la institución, Jessica Flores, insistieron en que pedirán a la Contraloría un pronunciamiento sobre la investigación administrativa, lo que podría concretarse el viernes.
Respuesta de la DC
Ante este hecho la Democracia Cristiana emitió un comunicado donde rechazan “categóricamente (…) que estaríamos en presencia de una maniobra de encubrimiento llevada a cabo por el Partido Demócrata Cristiano con miras a proteger o encubrir irregularidades”, agregando que “tal afirmación es completamente falsa y carente de toda veracidad”.
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Además, en el documento sostienen que “desmentimos en forma enérgica, como tendenciosamente se ha señalado, que la funcionaria involucrada en estos hechos sea militante de la Democracia Cristiana”.
“Dicha afirmación proviene de quienes, en forma reiterada, buscan enlodar a nuestro partido y que sólo pretenden instrumentalizar, en beneficio propio, un tema tan sensible como es el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores”, apuntaron.
