La funcionaria del GORE Bío Bío que fue sindicada por la Contraloría de eventual negociación incompatible inició acciones legales contra el Intendente de esa región y además contra el Gobierno Regional, por acoso laboral.
Esto, ya que considera que se vulneraron sus derechos con las declaraciones que hicieron a la prensa autoridades de la zona, solicitando una indemnización de más de 26 millones de pesos.
Fue el Contralor Nacional, Jorge Bermúdez quien entregó la información en el marco de una entrevista con el diario La Tercera, donde la autoridad máxima del ente fiscalizador dio cuenta de presuntos delitos de negociación incompatible.
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Es así como se conoce el nombre de Daniela Moraga, jefa de inversiones y municipalidades del Gobierno Regional y además de Patricio Sáez, jefe del Departamento de Equipos Médicos del Hospital Regional de Concepción.
A más de dos meses de conocida esta información entregada por el contralor, en la Intendencia del Bío Bío aún no reciben alguna notificación por parte de la Fiscalía o de la Contraloría para conocer en qué tiempo habrían ocurrido las irregularidades.
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Además, tampoco se han solicitado antecedentes por estos organismos, aseguró el asesor jurídico de la Intendencia, Sebastián Maldonado.
Daniela Moraga, inició acciones legales en contra del intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, y además contra el Gobierno Regional. Una tutela laboral donde denuncia hostigamiento y acoso.
Según se puede leer en el documento, las declaraciones que realizó la máxima autoridad de la región, habría molestado a la funcionaria ya que a su juicio habría denostado su honra. El abogado de Moraga, Ricardo Yáñez dijo que le llama la atención que justo esa semana se haya reactivado un sumario del año 2015 contra su defendida.
En tanto, el abogado de la Intendencia recordó que fue el propio Contralor Nacional el que entregó la información.
Contactada por Radio Bío Bío, Moraga declinó referirse al tema, sin embargo manifestó sentirse dolida y denostada por las declaraciones de las autoridades regionales, entre ellas, el intendente Rodrigo Díaz y el presidente del Consejo Regional, Hugo Cautivo, tal como figura en el libelo presentado en tribunales.
