6 mil 630 millones de pesos deberá pagar el Estado a las personas cuyas casas fueron inundadas el año 2006, cuando a raíz de las intensas lluvias de ese invierno se produjo el desborde del río Andalién y el estero Nonguén, en el sector Collao de Concepción.

Así lo determinó la Corte Suprema, al acoger el recurso presentado por los damnificados, y que fue interpuesto por su abogado Adolfo Ortega, pidiendo aumentar los 500 mil pesos otorgados como daño moral por la Corte de Apelaciones penquista, estimándose finalmente en un millón de pesos el pago a los 6 mil 630 demandantes.

El mismo Ortega explicó que el máximo tribunal confirmó por un lado la negligencia del Estado al no haber efectuado en el estero Nonguen y el río Andalien las obras que pudieron impedir las inundaciones, al tiempo que desechó el argumento del Consejo de Defensa en cuanto a que las autoridades entregaron tras el desastre un bono a los afectados.

En tanto, el pago deberá realizarse con intereses y reajustes, contado del mes de abril y hasta cuando finalmente el Fisco cumpla la sentencia, por lo que cada día que pase la indemnización aumenta.

Según acreditó el máximo tribunal del país, el Estado incurrió en una falta de servicio, al no haber ejecutado las obras realizadas luego del desastre, tanto en el río como el estero, y que han impedido nuevos desbordes, no obstante tras 10 años los trabajos aun no concluyen totalmente.

En efecto, los vecinos temen que este invierno la situación vivida en 2006 vuelva a repetirse, por la contaminación con basura y sedimento que presenta el estero Nonguén.

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