Inminente sería la solicitud de procesamientos de civiles en el caso Laja-San Rosendo, de manera que la justicia confirme que los carabineros en retiro hasta ahora inculpados recibieron la ayuda de exempleados de la CMPC en la ejecución de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles.

En paralelo al inicio de la dedicación exclusiva del ministro Carlos Aldana, los abogados querellantes en la emblemática causa y el Programa de Derechos Humanos estudian los últimos antecedentes recopilados en el sumario.

Así lo expresó Patricio Robles, del programa dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, al admitir que con los careos e interrogatorios realizados en el verano se refuerza la sospecha de la participación de civiles en la matanza de Laja-San Rosendo.

El abogado Robles puntualizó que probablemente durante la segunda semana de mayo resolverían una eventual solicitud de encausamientos.

Mientras, desde la Agrupación de Familiares de las Víctimas del caso Laja San Rosendo, su vocero, Emilio Araneda, pidió que finalmente el ministro Aldana someta a proceso a los civiles sospechosos de colaborar en el hecho.

Según trascendidos, serían al menos tres los procesamientos que solicitarían los querellantes -dos exempleados y un exalto ejecutivo de la CMPC- a quienes se sindicaría como cómplices de la decena de excarabineros encausados por los delitos de homicidio, exhumación e inhumación ilegal.