Con una polémica partió el proceso de libertad condicional en la Corte de Apelaciones de Concepción, ya que a diferencia de lo ocurrido los años 2015 y 2016, los jueces que analizan la entrega del beneficio prohibieron en esta oportunidad la intervención de los defensores penales públicos.
Algunos de los condenados son representados por defensores penales, quienes en los últimos dos años han intervenido en el proceso ante los magistrados que conforman la instancia, situación que al parecer no ocurrirá, ya que de acuerdo a lo expresado por la ministra Valentina Salvo -en su calidad de presidenta- no aceptarían su participación.
Consultada por los motivos expresados, la defensora penitenciaria María Cristina Melgarejo indicó que les señalaron que este proceso era una instancia administrativa.
Sobre este impasse se pronunció el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Hadolff Ascencio, a quien los defensores pidieron intervenir, explicando que la comisión era independiente.
Respecto el revés que es para la defensoría este cambio de postura, el ministro Ascencio admitió que era entendible su opinión al haber sido escuchados en cuatro ocasiones anteriores.
Consultada si ejercerían acciones legales para intentar revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, María Cristina Melgarejo dijo que ya sería tarde, agregando que sí lo harán si se mantiene la negativa en el segundo semestre.
En total fueron 243 presentaciones las que esta vez envió Gendarmería a la Comisión de Libertad Condicional, correspondientes a condenados de las cárceles de Concepción, Arauco y Bío Bío, las que tras acreditarse algunos requisitos -como haber ya cumplido más de la mitad de la pena- pueden acceder al beneficio.
De los 243 previamente señalados, un total de 41 casos iban a ser representados por los defensores penales públicos.
