Abogados de Concepción evaluaron el cobro de su colega Gerardo Neira Carrasco, luego que sus representados denunciaran la solicitud del 45 por ciento de la indemnización pagada a las víctimas de un accidente en la ruta Concepción-Cabrero, donde murió la parvaluaria Manuela Hernández.
Con los antecedentes conocidos hasta ahora, y considerando que involucra un proceso criminal, donde el principal peso del trabajo lo tiene el Ministerio Público, el abogado Alex Quevedo, consideró un exceso el arancel solicitado por Gerardo Neira Carrasco.
“A primera vista parece excesivo, salvo que uno viera que hubo un gasto patrimonial, que el patrimonio del colega se hubiera puesto en riesgo por trabajar en esta causa”, expresó Quevedo.
Nada de eso al parecer ocurrió en el caso de su colega, pues incluso según lo que han señalado las familias representadas, hasta 250 mil pesos les pidió el abogado Neira Carrasco por la comparecencia en las audiencias ante la Fiscalía y Juzgado de Garantía de Yumbel.
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Otra opinión entregó la abogada Paula Villegas, quien dijo que no le parecía éticamente reprochable el 45 por ciento de la indemnización, si el arancel fue pactado “siempre y cuando el cliente esté en pleno conocimiento del trato que está celebrando con el abogado”, dijo.
Y justamente aquí, según los representados por Gerardo Neira, habría una irregularidad, pues ellos no vieron todos los documentos firmados, pues el abogado les aseguró la confianza plena en su labor, y más cuando fue recomendado por un familiar para patrocinar las querellas presentadas.
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Otro abogado consultado fue Adolfo Ortega, quien patrocina causas principalmente civiles por solicitud del senador Alejandro Navarro, excusándose el abogado de entregar una opinión sin tener todos los antecedentes.
Señalar por ejemplo, que el abogado Ortega espera el resultado de un juicio civil por los inundados de Collao el año 2006, y quien podría obtener unos 800 millones de pesos en honorarios, si la Corte Suprema confirma los 500 mil pesos como indemnización para los casi 7 mil damnificados, equivalentes a un arancel del 25%.
