A tres años de la condena por los muertos y lesionados que dejó el colapso del edificio Alto Río, los ejecutivos de la constructora Socovil aún no cumplen el fallo por las costas del juicio que el Tribunal Oral de Concepción estimó en casi 500 millones de pesos.
Poco más de 141 millones de pesos cada uno deben cancelar Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, los dueños de la empresa responsable del fallido proyecto inmobiliario Alto Río, colapsado durante el terremoto del 27F.
La sentencia donde se fijó el pago de las costas tiene como fecha el 14 de agosto de 2014, por los cuasidelitos de homicidio y lesiones.
Por ello, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) emprendió acciones legales que incluyeron el embargo de inmuebles, vehículos y acciones de los condenados, aunque se conoció que hay negociaciones entre el organismo y los tres responsables del Alto Río para zanjar la deuda.
Radio Bio Bio intentó obtener una versión sobre la propuesta de transacción que se conversa entre los ejecutivos y el CDE, señalándose desde el organismo que no se pueden entregar detalles por ser confidencial.
El Consejo también ha enfrentado dificultades para el pago de costas en el juicio por corrupción donde se condenó al exalcalde de la Municipalidad de Hualpén, Marcelo Rivera.
Ante la inexistencia de cárcel por deudas, según la legislación chilena, es poco lo que el organismo puede hacer para exigir el cumplimiento de penas accesorias, teniendo sólo la posibilidad del remate de bienes de los condenados.
