Varias diligencias ordenó la Corte de Apelaciones de Concepción en el caso Laja-San Rosendo tras reabrir el sumario que había sido cerrado por el ministro Carlos Aldana. Las pesquisas apuntan a la posible participación de exejecutivos de la empresa CMPC en la ejecución de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles el año 1973.
Si bien los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada rechazaron los procesamientos de exfuncionarios de la papelera, sí dejaron la puerta abierta para futuros encausamientos.
Y lo hicieron al reabrir la investigación solicitada por el abogado Mauricio Araneda, quien apeló el cierre del sumario que el año pasado decretó el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana.
El querellante, Adolfo Montiel, saludó la resolución de la Corte de Apelaciones al subrayar que permite indagar la arista que busca probar que exejecutivos de la CMPC colaboraron con la policía uniformada en la matanza de Laja-San Rosendo.
Araneda, hijo de Luis Alberto, uno de los 19 ejecutados, adelantó que como querellantes esperarán a que el ministro Aldana concluya las diligencias para insistir en los procesamientos de exempleados de la CMPC.
Entre las pesquisas que deberá realizar el juez especial está el interrogatorio en calidad de inculpado al exfuncionario de la papelera, Rodolfo Román Román, así como careos entre Pedro Jarpa y Carlos Ferrer, y exempleados de la CMPC con testigos e incluso los Carabineros en retiro procesados en el caso Laja San Rosendo.
