El futuro de la movilización de los mineros del yacimiento Santa Ana continúa siendo incierto, más aún cuando los trabajadores mantienen su postura respecto a no abandonar la medida, pese a que su abogado y el Gobierno indicaran que no hay posibilidades, en este momento, de que el Estado inyecte los 500 millones solicitados.
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El intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, explicó que el fin de semana se confirmó el interés de un privado para comprar la mina, instancia en que el Gobierno indicó que apoyaría la iniciativa.
No obstante, la autoridad anunció una querella tras la toma de la Ruta 160 por parte de los familiares de los mineros de Curanilahue.
Respecto al apoyo de los parlamentarios y diversos dirigentes al movimiento minero, Díaz aseguró que quienes les digan a los trabajadores que el Estado les puede dar el dinero para comprar la mina les está mintiendo.
Luis Chandía, dirigente de los mineros, señaló que tienen la esperanza de que el conflicto termine en enero de este año.
Los manifestantes esperan esta semana tener un acercamiento con el Gobierno para conversar sobre la aparición de este particular como eventual comprador de Santa Ana.
