Tras el peritaje del Servicio Médico Legal y el interrogatorio a la comunera mapuche en la Fiscalía, dos de las gendarmes que trasladaron a Lorenza Cayuhán, debieron declarar ante la Policía de Investigaciones.
Sin embargo, las funcionarias hicieron uso del derecho a guardar silencio, según la estrategia del abogado que las representa, Oscar Ulloa, y quien confirmó la citación.
La diligencia coincidió con el fallo de la Corte Suprema, que calificó como arbitrario y discriminatorio el trato a la comunera, estimando el abogado Ulloa que se establece como responsable a Gendarmería por lo ocurrido y no a los funcionarios penitenciarios.
Además de la arista penal, también existe una investigación administrativa en la Dirección Nacional de Gendarmería.El dirigente Benito Saravia, espera que el proceso siga su curso, pero señaló que temen que por dar una señal a la opinión pública no se respete el debido proceso y se ceda a presiones políticas.
Mientras en el sumario se indaga la responsabilidad administrativa, el Ministerio Público intenta establecer si en el caso de Lorenza Cayuhán se incurrió en el delito de apremios ilegítimos, al haber mantenido a la comunera con medidas de seguridad exageradas, según la Suprema.
