Revelan que relación entre educadora del Sename y joven interno fue denunciada en septiembre

Funcionarios del Sename revelaron que la especial relación entre una educadora del centro de internación de Coronel y el adolescente condenado en el caso Servipag fue informada en septiembre, pero que la denuncia fue desechada de inmediato por la jefatura que recibió el antecedente.

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Este martes se confirmó que el irregular vínculo entre la asistente social y el joven era vox populi desde hace tiempo, aunque la directora regional del Sename, Rina Oñate, descartó haber conocido el caso sino hasta que Gendarmería entregó las cartas encontradas durante un allanamiento y que darían cuenta de la relación amorosa.

Eric Rojas, dirigente de la Asociación Regional de Trabajadores del Sename, indicó que fue en septiembre cuando el funcionario dio a conocer situaciones que involucraban a la educadora y al adolescente, sin que se tomaran medidas. Muy por el contrario, Rojas afirmó que el denunciante fue quien resultó sancionado.

Recién el 15 de noviembre el antecedente fue denunciado al Ministerio Público y se dispuso la apertura de un sumario administrativo contra la profesional involucrada, quien fue suspendida de sus funciones.

Esto último fue confirmado por el presidente de la Asociación de Funcionarios del Sename, Gonzalo Carrasco, quien subrayó en la presunción de inocencia que debe resguardarse mientras no concluya la investigación interna.

Respecto a las posibles medidas disciplinarias que enfrenta la asistente social investigada en caso de confirmarse la relación impropia, se manifestó la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz.

Si bien la autoridad admitió la gravedad de la situación, Muñoz prefirió no pronunciarse acerca de si debe ser la destitución la sanción que se decrete, en caso de que se lleguen a formular cargos.

El compromiso del Sename es que el sumario administrativo no se arrastre más allá de los 60 días desde que fue iniciado, lo cual concluiría el 15 de enero. Aunque la directora Rina Oñate no descartó que el fiscal administrativo pueda solicitar la extensión del plazo.