El organismo ya estudia cómo hacer oposición al proyecto que está impulsando el Gobierno, ya que aseguran, va en una línea equivocada.

Jorge Guzmán, presidente de la Multigremial, sostuvo que si bien la normativa requiere algunos ajustes menores, el Gobierno busca un cambio radical que no beneficiaría a los sectores económicos más pujantes de la provincia.

Dijo además que en esta materia ha habido negligencia del Estado más allá del Gobierno de turno, lo que afectará a quienes ven en el agua un medio de subsistencia.

José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Bío Bío, dijo que con la normativa vigente no tienen problemas, por lo que la implementación de la reforma sería una gran equivocación considerando que al precarizar los derechos de agua pueden frenar una serie de iniciativas.

Dentro de los puntos en que no concuerdan los agricultores de la zona, es en la designación de un 20% de las cuencas para caudal ecológico, el plazo acotado para regularizar las aguas y la incertidumbre entorno a las diferencias entre los caudales antiguos y nuevos.