Intervenciones quirúrgicas sin realizar, gente que espera su licencia de conducir, exámenes sin realizar en los hospitales, sin entrega de alimentos ni de medicamentos, son parte de las consecuencias que deja el paro de los servicios públicos por el reajuste en la región del Bío Bío.

La directora regional de la Junji, Andrea Saldaña, explicó que la adhesión del servicio es del 80%, cubriendo solamente con alimentación y cuidados a familias sin redes de apoyo.

Al respecto, el presidente de la Anef en la región del Bío Bío, Domingo Rocha, responsabilizó una vez más al Gobierno.

El intendente Rodrigo Diaz aseguró que la adhesión total ha sido del 22%, lo suficiente para insistir en deponer esta actitud.

Así continúa el “gallito por el reajuste” entre el Gobierno y la mesa del Sector Público, en el medio: la gente.