Falta de conocimiento de la ciudadanía sobre las autoridades y las herramientas de transparencia quedaron en evidencia durante encuentro realizado en la intendencia.

Problemas que en el caso de las instituciones apuntan a las trabas que se colocan para acceder a la información.

La Ley de Transparencia es una herramienta poco conocida, tanto por la ciudadanía que la concibe como derecho, así como por las organizaciones que tiene el deber de informar.

Es lo que ha comprobado el Consejo para la Transparencia durante las visitas que forman parte de sus atribuciones de fiscalización. Su representante, Francisco de Ferari, fue enfático en señalar que un buen lugar en el ranking no quiere decir que íntregramente los municipios sean transparentes.

El propio director nacional de la División de Organizaciones Sociales, Camilo Ballesteros, reconoce que ante el desconocimiento de la ciudadanía cobran sentido las iniciativas planteadas por el Gobierno en relación a la incorporación de la educación ciudadana en los contenidos académicos.

Por parte de las organizaciones están las típicas trabas que incluyen requisitos que la Ley no contempla, como por ejemplo el RUT.