En el Juzgado de Garantía de Concepción se desarrolló este martes la audiencia de formalización del joven acusado de ser el autor del disparo que causó la muerte de una universitaria en Concepción la madrugada del sábado.
Mauricio Alejandro Leal Palma, de 21 años, estudiante de ingeniería civil industrial de la Universidad del Bío Bío, se vio involucrado en un confuso incidente, en que por la aparente mala manipulación de un arma de fuego, perteneciente a un funcionario de la PDI de Lota, terminó disparando en contra de Daniela Sanhueza Vergara, de 23 años, estudiante nutrición y dietética de la Universidad San Sebastián.
Producto del impacto de la bala, la joven falleció en el mismo lugar.
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El joven fue imputado por cuasidelito de homicidio, por lo que no se solicitó su prisión preventiva.
El fiscal Paolo Muñoz explicó que “los antecedentes de la investigación dan cuanta de un cuasidelito de homicidio, descrita una conducta con imprudencia temeraria del imputado, que manipuló un arma de fuego sin voluntad del dueño y sin tener los conocimientos necesarios en relación a la manipulación”.
“Se produce el disparo con esta manipulación negligente, y como consecuencia resulta herida la víctima”, detalló Muñoz, agregando que en este caso están imputando “un grado de negligencia altísimo” del acusado.
El relación a porqué no se configura el delito de homicidio, Muñóz comentó que para ello “tiene que quererse la muerte de otra persona, lo que se descarta derechamente”, apuntando a que las declaraciones de testigos y pruebas periciales dan cuenta del grado de negligencia.
El arma pertenecía a un funcionario de la PDI, pero el fiscal descarta responsabilidad penal del detective. “El hecho se produce en circunstancias en que (el policía) se encontraba durmiendo, por lo tanto él tenía el arma consigo y, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que establezca la PDI, penalmente, al menos, no se le puede imputar la lamentable muerte de la joven”.
Leal Palma quedó el libertad mientras se desarrolla la investigación, que tiene un plazo de 3 meses, y salió del juzgado acompañado por numerosos amigos y familiares, que hicieron todos los esfuerzos posibles para evitar que la prensa obtuviera sus declaraciones.
En caso de establecerse la culpabilidad del joven en este caso, arriesga desde los 61 días, hasta los 3 años de privación de libertad.
