Son casi 250 hectáreas las que la Armada arriesga perder si se confirma el fallo de primera instancia que anuló la expropiación del gobierno militar a la familia Sweet en la Península de Tumbes, región del Bío Bío, caso que reveló el polémico negocio con el terreno donde fue construido el Mirador del Pacífico.
Actualmente la Corte de Apelaciones de Concepción tiene en estudio la sentencia en este caso, abierto hace 10 años cuando ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano se denunció como ilegal la expropiación del fundo Los Laureles, propiedad de Peter Sweet Delano.
El entonces juez de ese tribunal, Manuel Muñoz, acogió la demanda y declaró que la Armada debe restituir las 247,3 hectáreas a sus dueños originales, explicando el abogado Ignacio Sapiaín los argumentos para pedir que se confirme el fallo.
En el juicio la Armada es defendida por el Consejo de Defensa del Estado, asegurando que anular expropiación produciría un daño para la Segunda Zona Naval, por ser el lugar clave para la seguridad nacional y porque como lo asegura el diputado Jorge Ulloa, miembro de la Comisión de Defensa, es el único terreno existente para ejercicios bélicos.
Sin embargo, el abogado Sapiaín sostiene que esto último no es efectivo, asegurando que por un lado el paño no se usa para ejercicios militares y que además la Armada se ha dedicado a cuestionadas ventas de terreno desde hace tiempo.
Fue durante los alegatos ante los ministros de la Sexta Sala por este juicio que el abogado Sapiaín entregó el antecedente sobre las 103 hectáreas de la Península de Tumbes que una inmobiliaria compró a la Armada, y de las cuales 13 el privado vendió posteriomente al Serviu a un precio 50 veces mayor.
