A 3 años y 1 día de libertad vigilada fueron condenados los exmiembros de Carabineros y del Ejército, Sergio Arévalo y José Puga, como responsables de las torturas que causaron la muerte del exintendente Fernando Álvarez en 1973.

Así lo determinó el ministro para causas por violación de Derechos Humanos, Carlos Aldana, en un fallo dictado cinco años después de reabierta la investigación en este emblemático caso por delitos de lesa humanidad.

Además, el magistrado condena al Fisco al pago de 360 millones de pesos -como indemnización por el daño moral causado- para la viuda e hijos de quien fuera el último intendente de Salvador Allende en Concepción.

Señalar que el Programa de Derechos Humanos y el abogado de la familia Álvarez, Adolfo Montiel, no estuvieron disponibles para comentar la sentencia por no estar notificados aún.

No obstante el beneficio, Arévalo, oficial de inteligencia de Carabineros en la dictadura, se encuentra privado de libertad, cumpliendo una pena de 15 años por el homicidio de dos estudiantes ecuatorianos de la Universidad de Concepción.