Pendiente quedó el fallo en uno de los recursos de protección presentados contra la aprobación del proyecto conocido como “Octopus” en la Comisión de Evaluación Ambiental, esto luego de los alegatos ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.
El recurso era el presentado por los alcaldes de Tomé y Penco, Ivonne Rivas y Víctor Hugo Figueroa, en representación de la comunidad Koñintu Lafken-Mapu, denunciando que no se había efectuado la consulta indígena como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Ante los ministros del tribunal, el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa BioBioGenera pidieron rechazar la acción legal, argumentando que la consulta no se completó al haberse determinado que el porcentaje de afectación a la comunidad indígena estaba por debajo de la exigencia para tal procedimiento.
El abogado Álvaro Toro, por la agrupación indígena y los alcaldes, sostuvo que era una contradicción que primero se haya dado lugar a la consulta y luego se paralizara, por lo que piden que se concluya el proceso y sólo entonces se vote el proyecto “Octopus”.
Otros de los argumentos esgrimidos por el SEA y BioBioGenera es que el caso tiene todavía una instancia administrativa para impugnar la resolución de calificación y que posteriormente es competente el Tribunal Ambiental de Valdivia y no la Corte de Apelaciones penquista.
