La presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y ejecutados políticos Laja-San Rosendo, Gloria Urra, manifestó su desesperanza en torno a la condenas que puedan cursarse contra civiles y uniformados involucrados en la denominada “masacre”.

Ha sido un camino largo para los parientes y parejas de los 19 trabajadores de CMPC y ferrocarriles, víctimas de una serie de hechos de violencia que se registraron en la zona a una semana del golpe de estado, sin que aún se pueda esclarecer del todo lo ocurrido.

Aunque durante los últimos días se han concretado una serie de diligencias que anteceden al cierre del sumario, la dirigenta Gloria Urra señaló que no existe claridad sobre el resultado de la indagatoria y si habrá o no penas de cárcel para los responsables del crimen y exhumación de sus seres queridos.

Junto con ello alegó lentitud por parte del Ministro para causas de violación de derechos humanos Carlos Aldana, quien dijo al principio se manifestó empático, sin embargo ahora no demuestra compromiso en cuanto a las sentencias.

 

Hay que mencionar que esta semana los familiares de las víctimas de la denominada “Masacre de Laja” se reunieron con el abogado Patricio Robles del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, con quien ya preparan una estrategia a seguir en caso de no quedar conformes con las conclusiones de la indagatoria.