La declaratoria de Monumento Histórico de Bellavista Oveja Tomé está en riesgo pues el Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de los actuales dueños de la fábrica que se sienten expropiados y estiman que la medida adoptada por el Consejo de Monumentos Nacionales fue inconstitucional.
Recordemos que tras una larga tramitación, el pasado 13 de abril, el Consejo declaró Monumento Histórico la totalidad del inmueble en el cual funciona la fábrica Bellavista Oveja Tomé.
De inmediato, Juan Carlos Sabat, actual arrendatario con opción de compra, recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que considera que se vulnera el derecho de propiedad y de ejercer libremente una actividad económica.
Paralelamente, se presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la medida que tanto se celebró en Tomé y que permitiría regular las modificaciones que se quieran realizar a la infraestructura de la fábrica, ahora protegida por ley.
Son 42 mil metros cuadrados construidos en seis hectáreas, inmueble comprado en la subasta tras la quiebra del anterior propietario, habiéndolo adquirido Sabat a través del Banco de Chile en octubre del 2010.
El actual dueño afirma que en esa fecha no existía declaración alguna y tampoco había un proyecto para ello, lo que fue determinante en la adquisición de este bien privado.
Desde la Mesa del Patrimonio de Tomé, organismo que impulsó la declaratoria en el Consejo de Monumentos Nacionales, esperan con expectación los alegatos del caso. Su vocero, Luis Lagos, cree que Sabat equivoca el camino, pues asegura que no está impedido de mantener su actividad económica.
El recurso de Juan Carlos Sabat, en representación de Bellavista OvejaTomé y contra el Consejo de Monumentos Nacionales, fue declarado admisible en el Tribunal Constitucional, donde el organismo estatal se hará representar por el Consejo de Defensa del Estado.
Los alegatos no se han fijado y podrían demorar porque se ofició por antecedentes. De esta resolución dependerá la tramitación del recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.
