Un accidentado comienzo tuvo el juicio por delitos de corrupción al interior de la Municipalidad de Concepción, causa en la cual tres personas -un ex funcionario público y dos particulares- son acusados de presuntamente haberse apropiado de 90 millones de pesos destinados para la educación de niños vulnerables.
Desde marzo que el Tribunal Oral intentaba partir con este juicio, pero el continuo cambio de defensor por parte del principal imputado, el exjefe de Finanzas de la DAEM de Concepción, Victor Luman, lo había impedido.
Este martes, el exfuncionario llegó con un nuevo abogado, Moisés Vilches, quien pidió un plazo para estudiar la causa, lo que fue denegado por los jueces, acusando a Luman de querer dilatar el inicio del procedimiento.
Ante esto, el profesional renunció al patrocinio y el tribunal designó a un defensor penal público, tras lo cual la audiencia se suspendió hasta el próximo viernes.
Una situación que molestó de sobremanera a los magistrados, en una causa iniciada en 2013 por denuncia de la corporación edilicia penquista, formalizando el fiscal Nelson Vigueras a tres personas por la apropiación de recursos fiscales de la Dirección de Educación Municipal.
Junto con el exjefe de Finanzas, Víctor Luman, está imputado el empresario artístico y exsostenedor de la escuela de lenguaje San Joaquín, Luis Senoceaín, quienes también enfrentan una querella del Consejo de Defensa del Estado, cuya abogada, Gisela Inostroza, explicó cómo ambos habrían obtenido y se habrían repartido ilegalmente dineros fiscales.
El tercer acusado es Roberto Mella, quien según la Fiscalía se adjudicó una serie de licitaciones del DAEM para proveer de vestuario a la unidad municipal, recibiendo el respectivo pago pero nunca entregando la mercadería y entregando parte de los recursos a Víctor Luman.
La defensa de Senoceaín aseguró la completa inocencia del empresario y ante la consulta sobre los dineros percibidos de parte del exjefe de Finanzas, el abogado Marcelo Villena dijo que la municipalidad adeudaba a su cliente una importante cantidad de dinero.
Los acusados enfrentan altas penas de cárcel en caso de ser declarados culpables, pidiendo el Ministerio Público 16 años de prisión para el exfuncionario público por malversación, distracción y fraude al Fisco; 10 años para Senoceaín por malversación de caudales públicos y 5 años para Roberto Mella por fraude al Fisco.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
